La Ley Nacional de Emergencias (Ley 8488) y la CNE

Esta lección es parte de Temario de Educación Cívica de Térraba (Sétimo año) Lección 16 de 19

Por Andrea del Carmen actualizado el 27 de octubre de 2026 12 min de lectura

Cuando un huracán o un temporal golpea al país, en las noticias se habla de decretos de emergencia, de alertas de colores y de albergues. ¿Quién decide todo eso y con qué base legal? ¿Y qué nos toca hacer a las demás personas? Las respuestas están en una ley de 2005 y en la institución que esa ley organizó.

Vas a analizar aquí la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, n.º 8488, y a conocer la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE): cómo está organizada, qué funciones cumple y por qué es importante. Además, vas a leerla con ojo crítico: qué le pide a la ciudadanía y dónde están sus retos.

Definición

La Ley n.º 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, es del 22 de noviembre de 2005 y rige desde su publicación en La Gaceta n.º 8, del 11 de enero de 2006. Según su artículo 1, regula las acciones ordinarias que el Estado debe desarrollar «para reducir las causas de las pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico», y la actividad extraordinaria que debe efectuar cuando se declara un estado de emergencia. El programa del MEP la llama Ley Nacional de Atención de Emergencias y Prevención de Riesgos; su nombre oficial es el que aparece en SINALEVI.

Para qué existe la ley: objeto, finalidad y principios#

La ley distingue dos clases de trabajo. El ordinario es el de todos los días: prevenir, vigilar, educar y prepararse. El extraordinario se activa cuando se declara un estado de emergencia y permite actuar con un régimen de excepción, con procedimientos más rápidos que los normales. Su artículo 2 fija la finalidad: contar con un marco jurídico «ágil y eficaz» que reduzca las causas del riesgo y permita manejar las emergencias de forma oportuna, coordinada y eficiente, integrando los esfuerzos de las instituciones, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil organizada.

El artículo 3 enumera los principios que deben guiar la aplicación de la ley. Explicados con otras palabras:

Principio	Qué significa
Estado de necesidad y urgencia	Si un bien en peligro solo puede salvarse afectando otro, se permite hacerlo con el menor daño posible y rindiendo cuentas después
Solidaridad	Las instituciones unen esfuerzos para proteger la vida y el patrimonio de todos, con prioridad para quienes son más vulnerables
Integralidad del proceso de gestión	La gestión del riesgo junta a todas las instituciones públicas y procura la participación privada y ciudadana
Razonabilidad y proporcionalidad	Entre varias opciones, se elige la mejor que permitan los recursos disponibles
Coordinación	Cada actor conserva su autonomía, pero todos se orientan hacia propósitos comunes
Protección de la vida	Quien esté en el territorio nacional debe ser protegido en su vida, su integridad, sus bienes y su ambiente
Prevención	Actuar por adelantado para reducir la vulnerabilidad; estas medidas son de interés público y obligatorias

La política, el sistema y los comités#

El artículo 5 hace de la política de gestión del riesgo «un eje transversal de la labor del Estado Costarricense»: cualquier política de desarrollo debe tener en cuenta el riesgo. Para lograrlo, el artículo 6 crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que articula los órganos, los procedimientos y los recursos de todas las instituciones del Estado, «procurando la participación de todo el sector privado y la sociedad civil organizada». El artículo 7, por su parte, obliga a la CNE a diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Gestión del Riesgo.

La Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030 se oficializó con el Decreto Ejecutivo N.º 39322, del 15 de octubre de 2015, publicado en La Gaceta n.º 232 del 30 de noviembre de 2015. Esa política se lleva a la práctica con tres planes de cinco años: el de 2016-2020, el de 2021-2025 y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2026-2030, que la Junta Directiva de la CNE aprobó el 5 de febrero de 2026.

El artículo 10 describe las instancias de coordinación del sistema. El programa del MEP pide estudiar dos de sus incisos:

Inciso a), sectoriales e institucionales. Los comités sectoriales reúnen a las instituciones de un mismo sector, y los comités institucionales para la gestión del riesgo organizan y planifican, dentro de cada institución, la preparación y la atención de emergencias. La guía de la CNE para centros educativos indica que el comité de cada escuela y colegio responde a este artículo.
Inciso c), regionales, municipales y comunales. Los comités regionales, municipales y comunales de emergencia son «instancias permanentes de coordinación». Cada comité municipal lo coordina el alcalde o la alcaldesa, o su representante, sobre quien recae «en primera instancia» la responsabilidad de coordinar con las instituciones las situaciones de su cantón.

El mismo artículo crea el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que reúne a las instituciones de primera respuesta, y un Foro Nacional sobre el Riesgo que la CNE convoca cada año.

La CNE: qué es y qué hace#

El artículo 13 crea la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como un «órgano de desconcentración máxima adscrita a la Presidencia de la República», con patrimonio y presupuesto propios y sede principal en la capital. Su Junta Directiva la preside una persona designada por el Poder Ejecutivo y la integran, además, siete ministros, los presidentes ejecutivos del IMAS y del INS y una persona representante de la Cruz Roja (artículo 17).

En tiempos normales: rectoría y prevención#

El artículo 14 hace de la CNE la «entidad rectora» en prevención de riesgos y preparativos para emergencias. Algunas de sus competencias ordinarias:

coordinar la política nacional de prevención y articular el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo;
educar y divulgar por medio de programas permanentes;
dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, que deben acatar las instituciones, el sector privado y la población;
promover la vigilancia de las amenazas y los sistemas de alerta que permiten anticipar sus efectos;
orientar a las municipalidades para que sus planes reguladores y su ordenamiento territorial reduzcan la vulnerabilidad;
fortalecer las capacidades regionales, municipales y locales, incluida la participación en alertas, movilización y atención de la población.

Ante un desastre: la atención de la emergencia#

El estado de emergencia lo declara el Poder Ejecutivo por decreto, en cualquier parte del territorio (artículo 29). A partir de ese momento la CNE planea, coordina, dirige y controla la atención: elabora el Plan General de la Emergencia, coordina la evaluación de daños y las acciones de salvamento y designa a las instituciones que ejecutarán las obras (artículo 15). La atención pasa por las fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, y para concluir la reconstrucción la CNE tiene un plazo máximo de cinco años (artículo 30). Aun sin decreto, en emergencias locales y menores puede entregar cobijas, alimentos y colchonetas y habilitar albergues.

Para financiar todo esto existe el Fondo Nacional de Emergencias (artículo 43), formado por donaciones, partidas del presupuesto de la República y un aporte del 3 % de las ganancias y del superávit presupuestario libre que deben girar las instituciones y empresas públicas (artículo 46).

La CNE declara además alertas de cuatro colores según la respuesta que requiere cada situación. Su guía para centros educativos las resume así:

Alerta	Qué indica
Verde	Información
Amarilla	Preparación
Naranja	Movilización o contención
Roja	Evacuación y respuesta

Lo que la ley nos pide a las personas#

Aunque la mayor parte de la ley se dirige a las instituciones, varias disposiciones alcanzan directamente a la ciudadanía:

Las medidas de prevención son «de interés público y de cumplimiento obligatorio» (artículo 3). No son simples consejos.
Quien construya o use indebidamente una zona restringida por una resolución vinculante de la CNE queda obligado a derribar o eliminar la obra (artículo 14, inciso c).
Los patronos y los responsables de centros de trabajo y de sitios con gran afluencia de personas deben tener un plan de prevención y atención de emergencias (artículo 12). Un colegio es a la vez un centro de trabajo y un lugar donde se reúne mucha gente.
Bajo estado de emergencia, el Poder Ejecutivo puede restringir por un máximo de cinco días naturales el uso de la tierra, el tránsito y la habitabilidad de la zona afectada (artículo 34), y los propietarios deben permitir la ocupación temporal de sus terrenos cuando sea indispensable para atender la emergencia (artículo 36).
Las personas y organizaciones que colaboren de forma voluntaria en una emergencia son coordinadas por la CNE (artículo 33): ayudar, sí, pero de manera organizada.

La Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030 resume ese espíritu en el principio de responsabilidad y deberes compartidos: cada persona debe reconocer las consecuencias de los actos que pueden perjudicar a otras y procurar, en cambio, mejorar la condición de los demás.

Leer la ley con ojo crítico#

Analizar una ley con espíritu crítico es preguntarse si lo que promete se cumple y qué le falta. Tres preguntas, respondidas con documentos oficiales:

¿Participa de verdad la ciudadanía? La ley menciona a la sociedad civil organizada desde su artículo 2. Sin embargo, al revisar el plan nacional que estuvo vigente hasta 2015, la Política Nacional de Gestión del Riesgo reconoció que no había existido «interlocución suficiente con la Sociedad Civil», que se comportaba como un actor pasivo, y propuso buscar formas de que la gente intervenga en la planificación y en la fiscalización de las acciones del Estado.
¿Se previene o solo se responde? En esa misma revisión, la política encontró que las instituciones ponían el énfasis en la respuesta a las emergencias. La ley pide otra cosa: el artículo 30 manda que las obras hechas durante una emergencia tengan un enfoque preventivo, «para no reconstruir la vulnerabilidad». Aun así, según el Plan Nacional 2026-2030, las pérdidas directas por emergencias nacionales se multiplicaron casi por cuatro del quinquenio 2011-2015 al de 2016-2020.
¿Alcanzan los recursos? Un transitorio de la ley reservó durante doce años una parte del aporte del 3 % para equipar al OVSICORI, a la Red Sismológica Nacional y al Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la UCR y al IMN. El Plan Nacional 2026-2030 advierte que ese aporte «está por caducar» y que el reto es garantizar recursos para la investigación.

Ejemplo. Caso para analizar: una empresa empieza a levantar unas bodegas en un terreno que una resolución vinculante de la CNE declaró zona de riesgo por deslizamiento. Unos vecinos se dan cuenta. ¿Qué dice la ley y qué pueden hacer ellos?

Solución. Las resoluciones vinculantes de la CNE obligan a las instituciones, al sector privado y a la población, y quien edifique indebidamente en una zona restringida queda obligado a derribar la obra (artículo 14, inciso c). Los vecinos no deben actuar por su cuenta: pueden informar a la municipalidad y a la CNE, con fotos, fechas y la ubicación exacta. Así ejercen su responsabilidad ciudadana dentro de la ley.

Ponte a prueba#

¿Qué diferencia hay entre las acciones ordinarias y las extraordinarias de la Ley 8488?#

Las acciones ordinarias son las que el Estado debe hacer siempre para reducir las causas del riesgo: prevenir, vigilar las amenazas, educar y prepararse. La actividad extraordinaria es la que se realiza cuando el Poder Ejecutivo declara un estado de emergencia; entonces se aplica un régimen de excepción que permite actuar con procedimientos más rápidos para atender a las personas y los bienes afectados, con la obligación de rendir cuentas después.

¿Quién declara el estado de emergencia y qué hace la CNE a partir de ese momento?#

Lo declara el Poder Ejecutivo por decreto, en cualquier parte del territorio, según el artículo 29 de la Ley 8488. Desde entonces la CNE planea, coordina, dirige y controla la atención: elabora el Plan General de la Emergencia, coordina la evaluación de daños y el salvamento y designa a las instituciones que harán las obras. La atención sigue tres fases, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, y esta última no puede pasar de cinco años.

¿Qué son las resoluciones vinculantes de la CNE y por qué importan?#

Son decisiones que la CNE dicta sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, basadas en criterios técnicos y científicos. Son obligatorias para las instituciones del Estado, el sector privado y la población, y los funcionarios no pueden dejar de aplicarlas. Importan porque permiten, por ejemplo, impedir que se construya en un terreno inestable: quien edifique indebidamente en una zona restringida queda obligado a derribar la obra.

¿Qué significan las alertas verde, amarilla, naranja y roja de la CNE?#

Son los cuatro niveles de alerta que la CNE declara según la respuesta que requiere una situación. Según su guía para centros educativos, la verde es de información; la amarilla, de preparación; la naranja, de movilización o contención; y la roja, de evacuación y respuesta. Los comités de los centros educativos se rigen por esas alertas y deben definir de antemano qué hacen y quién lo hace en cada una.

¿Qué responsabilidades ciudadanas se desprenden de la Ley 8488?#

Cumplir las medidas de prevención, que la ley declara de interés público y obligatorias; no construir ni usar zonas restringidas por resoluciones de la CNE; tener planes de emergencia en los centros de trabajo y en los sitios con mucha afluencia de personas; respetar las restricciones temporales de un estado de emergencia; y, si se colabora como voluntario, hacerlo bajo la coordinación de la CNE. También implica participar y vigilar que el Estado cumpla.