Derechos de tercera generación: paz, desarrollo y ambiente sano

Esta lección es parte de Temario de Educación Cívica de Zapandí (Noveno año) Lección 12 de 20

Por Andrea del Carmen actualizado el 27 de octubre de 2026 12 min de lectura

Ninguna familia puede, por sí sola, detener una guerra, limpiar el aire que respira su barrio o lograr que todo su país progrese. Para eso hace falta que muchas personas, instituciones y países se pongan de acuerdo y cooperen. Por esa razón, a un grupo de derechos humanos se le llama de tercera generación o de solidaridad: su cumplimiento depende del esfuerzo de todos.

En esta lección vas a conocer los derechos que el programa de Educación Cívica de noveno año presenta como aspiraciones de los habitantes del país: paz, desarrollo, información, ambiente sano, sostenible y libre de drogas, y no discriminación. Verás qué dicen la ONU y las leyes de Costa Rica, y por qué vale la pena promoverlos.

Definición

El programa de Educación Cívica del MEP llama a los derechos de tercera generación «derechos de solidaridad, cooperación y de los pueblos». Su glosario explica que afectan a la humanidad entera, «a escala universal», y que por eso solo se hacen realidad con «una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel mundial». No pertenecen a una sola persona: protegen también a comunidades y pueblos enteros.

Derechos de solidaridad: qué los hace distintos#

Los derechos civiles y políticos (primera generación) protegen sobre todo a cada persona frente al poder, y los económicos, sociales y culturales (segunda generación) piden al Estado servicios como la educación o la seguridad social. Los de tercera generación tienen tres rasgos propios:

Tienen titulares colectivos. Además de cada persona, los disfrutan comunidades y pueblos enteros: la paz o una quebrada limpia no son de una sola familia.
Obligan a muchos actores a la vez. El Estado tiene el deber principal, pero también cuentan los organismos internacionales, las empresas, las organizaciones y cada habitante.
Muchos se presentan como aspiraciones. Varios se han proclamado en declaraciones de la Asamblea General de la ONU, que no son tratados, sino proclamaciones solemnes de principios. Cuando un país los incorpora a su constitución o a sus leyes, ya se pueden exigir ante sus autoridades.

Por eso el programa del MEP los estudia como aspiraciones de los habitantes de Costa Rica: metas que la sociedad se propone y que pueden llegar a ser normas obligatorias. La tabla resume los cinco que señala el programa:

Derecho	Qué protege	Una norma que lo recoge
Paz	Vivir sin guerra y resolver los conflictos sin violencia	Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz (ONU, 1984)
Desarrollo	Participar en el progreso y disfrutar de él	Declaración sobre el derecho al desarrollo (ONU, 1986)
Información	Investigar, recibir y difundir informaciones	Declaración Universal, art. 19; Constitución, art. 30
Ambiente sano, sostenible y libre de drogas	Un entorno sano y protección frente a las adicciones	Constitución, art. 50; Ley General de la Persona Joven, art. 6
No discriminación	Igual dignidad y trato	Declaración Universal, art. 2; Constitución, art. 33

El derecho a la paz#

El 12 de noviembre de 1984, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz (resolución 39/11). En ella «proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz» y declara que protegerlo y fomentar su realización «es una obligación fundamental de todo Estado». Para eso, la política de los Estados debe orientarse a eliminar la amenaza de la guerra, a renunciar al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a resolver las controversias por medios pacíficos. La Declaración considera que una vida sin guerras es el «requisito previo primordial» para el bienestar de los países y la realización de los derechos y libertades fundamentales.

En Costa Rica, la paz tiene un respaldo constitucional muy conocido: «Se proscribe el Ejército como institución permanente» (artículo 12 de la Constitución Política; puedes repasar esa historia en la lección sobre la abolición del ejército). Y la paz no es solo un asunto entre países: la Ley General de la Persona Joven le pide al Estado «promover una cultura de paz social y prevención de la violencia en los espacios públicos y de uso común» (artículo 6, inciso v).

Ejemplo. En un colegio, dos grupos de noveno discuten por el uso de la cancha en los recreos, y la discusión empieza a subir de tono en las redes sociales. ¿Qué tiene que ver la situación con el derecho a la paz?

Solución. El derecho a la paz no se limita a evitar guerras: también supone resolver los conflictos sin violencia. Los grupos pueden pedir una mediación al profesor guía, acordar un horario para usar la cancha y comprometerse a no publicar ofensas. Es, en pequeño, la idea de la Declaración de 1984: arreglar las diferencias por medios pacíficos.

El derecho al desarrollo#

Dos años después, el 4 de diciembre de 1986, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre el derecho al desarrollo (resolución 41/128). Su artículo 1 lo define así: «El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él».

Fíjate en los tres verbos: participar, contribuir y disfrutar. El desarrollo no consiste solo en que un país produzca más. Según el artículo 2, «la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo». El artículo 8 pide garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos básicos, la educación, la salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos, y lograr que la mujer participe activamente en el desarrollo.

El programa del MEP usa una idea cercana, el desarrollo humano: un «proceso de ampliación de las opciones de las personas». Y la Constitución Política empieza su artículo 50 con un mandato parecido: «El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza».

Un ambiente sano, sostenible y libre de drogas#

El mismo artículo 50 de la Constitución Política, en la redacción que le dio la Ley N.º 7412 de 1994, reconoce el derecho ambiental en tres frases: «Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho».

La segunda frase es la clave: cualquier persona puede defender ese derecho, aunque el daño no ocurra en su propiedad, porque el ambiente sano es de todos. En 2020, la Ley N.º 9849 añadió al artículo el derecho «humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable» y declaró el agua un bien de la nación.

En el plano mundial, la Asamblea General de la ONU reconoció el 28 de julio de 2022 «el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano» (resolución 76/300). La resolución advierte que los daños ambientales tienen repercusiones negativas, directas e indirectas, en el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.

¿Y el ambiente libre de drogas? La Ley General de la Persona Joven reconoce a las personas de 12 a 35 años el derecho a «convivir en un ambiente sano» (artículo 4, inciso k) y encarga al Estado una atención en salud que incluya «consejería para evitar la farmacodependencia y la drogadicción», y programas educativos especializados en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas con adicciones (artículo 6, incisos a y k).

Ejemplo. Los vecinos de una comunidad notan que un taller vierte aguas sucias en la quebrada donde antes jugaban los niños. Algunos dicen que no pueden hacer nada porque la quebrada no pasa por su propiedad. ¿Tienen razón?

Solución. No. Según el artículo 50 de la Constitución, toda persona tiene derecho a un ambiente sano y está legitimada para denunciar los actos que lo infrinjan y para reclamar la reparación del daño. Cualquier vecino, o la comunidad organizada, puede documentar el problema con fotos y fechas y denunciarlo ante las autoridades. El daño afecta a todos, y todos pueden defender el derecho.

Información y no discriminación#

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 1948, reconoce la libertad de opinión y de expresión, que incluye el derecho «de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». En Costa Rica, el artículo 30 de la Constitución garantiza «el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público», con la excepción de los secretos de Estado.

¿Por qué es también un derecho de solidaridad? Porque una comunidad bien informada puede cuidar su ambiente, reclamar sus derechos y vigilar el uso de los fondos públicos. Y recibir información va unido a la responsabilidad de verificar lo que se comparte.

La no discriminación atraviesa todos los demás derechos. La Declaración Universal reconoce los derechos a toda persona «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición» (artículo 2), y la Constitución dice: «Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana» (artículo 33).

Valorar estas aspiraciones: entre la meta y la realidad#

Valorar estos derechos no es suponer que ya se cumplen, sino entender por qué vale la pena empujarlos. Un análisis crítico puede seguir estas preguntas:

¿Está el derecho solo en una declaración internacional, o también en una ley o en la Constitución de Costa Rica?
¿Quién está obligado a cumplirlo y quién puede reclamarlo?
¿Qué hace falta para que se cumpla: recursos, cooperación entre países, cambios de conducta?
¿Qué puedo hacer yo, desde mi colegio y mi comunidad, para promoverlo?

El programa del MEP propone un ejercicio: redactar artículos que podrían incorporarse a la Constitución Política para representar a la tercera generación.

Ejemplo. Redacta un artículo constitucional sobre el derecho a la información y explica qué aportaría.

Solución. Una propuesta posible: «Toda persona tiene derecho a recibir información veraz y comprensible sobre los asuntos públicos que afecten a su comunidad, y el deber de no difundir a sabiendas información falsa». Aportaría la exigencia de que la información pública sea comprensible, algo que el artículo 30 no menciona, y uniría el derecho con un deber. En clase conviene debatir quién vigilaría su cumplimiento y cómo se protegería la libertad de expresión.

Estos derechos también se practican a diario: dialogar en vez de pelear, separar los residuos, verificar una noticia antes de compartirla y rechazar las burlas por el origen o la apariencia de alguien.

Ponte a prueba#

¿Por qué a los derechos de tercera generación se les llama derechos de solidaridad?#

Porque afectan a la humanidad entera y ninguna persona ni ningún país puede garantizarlos por su cuenta. Para hacerse realidad necesitan la cooperación de los Estados, los organismos internacionales, las organizaciones y cada habitante. Además, sus titulares no son solo individuos, sino también comunidades y pueblos enteros: la paz o un ambiente sano benefician a todos a la vez.

¿Qué establece la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz?#

La aprobó la Asamblea General de la ONU el 12 de noviembre de 1984. Proclama que los pueblos tienen el derecho sagrado a la paz y que protegerlo es una obligación fundamental de todo Estado. Para cumplirlo, la política de los Estados debe orientarse a eliminar la amenaza de la guerra, renunciar al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y resolver las controversias por medios pacíficos.

¿Qué significa que la persona humana sea el sujeto central del desarrollo?#

Lo dice el artículo 2 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo, de 1986. Significa que el desarrollo no se mide solo por lo que produce un país, sino por lo que mejora la vida de las personas. Cada persona debe poder participar en el desarrollo, contribuir a él y disfrutar de sus beneficios, con igualdad de oportunidades en educación, salud, vivienda, empleo y en la distribución de los ingresos.

¿Qué derechos reconoce el artículo 50 de la Constitución Política sobre el ambiente y el agua?#

Reconoce que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que, por ello, puede denunciar los actos que lo dañen y reclamar la reparación del daño; el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho. Desde la reforma de 2020, hecha por la Ley N.º 9849, incluye también el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, y declara el agua un bien de la nación.

¿Por qué el derecho a la información ayuda a cumplir otros derechos?#

Porque una persona o una comunidad que puede investigar y recibir información sobre los asuntos públicos está en mejores condiciones de defender su ambiente, reclamar servicios y vigilar el uso de los fondos públicos. El artículo 19 de la Declaración Universal protege el derecho a investigar, recibir y difundir informaciones, y el artículo 30 de la Constitución garantiza el acceso a las oficinas públicas para informarse sobre asuntos de interés público.